• La Diputación de Valencia firmará convenios con los ayuntamientos de Cullera y La Pobla Llarga para llevar a cabo actuaciones que en algunos casos representan demandas históricas.
• Jorge Rodríguez: “Este plan marca la impronta de la nueva Diputación, que en materia de infraestructuras prioriza la seguridad por encima de las grandes obras”
• Pablo Seguí, diputado de Carreteras: “El plan es producto de la atención a más de un centenar de alcaldes, lo que nos ha dado un conocimiento de los municipios y sus necesidades en seguridad vial”
29/noviembre/2016. La Diputación de Valencia destinará este año un total de 316.410,12 euros a desarrollar actuaciones en materia de seguridad vial y mejora de la accesibilidad en carreteras municipales de Cullera y La Pobla Llarga, en la comarca de La Ribera. Se trata de actuaciones cuya financiación correspondería en principio a los ayuntamientos, pero que, tal como explicó el presidente de la institución provincial, Jorge Rodríguez, ayer durante la presentación del plan, “sin la ayuda directa de la Diputación de Valencia, no podrían realizarse y sin embargo, resultan muy necesarias para dar respuesta a problemas de seguridad, de accesos o de transitabilidad”.
Problemas que, en algunos de los casos, se arrastran desde hace años hasta el punto que se han convertido en una reivindicación histórica de los municipios afectados. De hecho, el plan elaborado por el Área de Carreteras, que incluye un total de 18 actuaciones con una inversión total de 2,7 millones de euros, “es producto de la atención a más de un centenar de alcaldes en lo que va de legislatura, lo que nos ha dado un conocimiento de los municipios y sus necesidades en seguridad vial”, ha explicado el diputado responsable del área y portavoz del grupo socialista en la corporación, Pablo Seguí.
La información obtenida de los ayuntamientos ha sido cotejada con los técnicos del área de Carreteras que, en opinión del diputado, “han hecho un trabajo magnífico a la hora de establecer los proyectos prioritarios”.
En concreto, en la comarca de La Ribera, el programa planteado por Carreteras permitirá, por un lado, eliminar el punto negro de los “Collaos”, en Cullera, reordenando el tráfico en el antiguo tramo de la CV-502 con dos nuevas rotondas y creando un carril ciclopeatonal, lo que supondrá una inversión de 150.000 euros.
Por el otro, en La Pobla Llarga, se adecuará el firme y la señalización de la carretera de acceso a la CV-545 y se construirá una nueva rotonda, todo ello con un coste de 166.410,12 euros que serán aportados por la Diputación de Valencia.
La seguridad vial por encima de las grandes obras
El presidente de la Corporación provincial, Jorge Rodríguez, ha señalado que las acciones de este plan de carreteras “marcan la impronta de la nueva Diputación” que, en materia de infraestructuras, pasan por “priorizar la solución de problemas en zonas conflictivas y mejorar la seguridad con actuaciones muy necesarias que aún estaban pendientes de una época en la que primaban los grandes proyectos”.
De esta manera, el presidente ha valorado la estrategia de anteponer la seguridad vial y resolver los problemas cotidianos de los vecinos a las grandes obras que ralentizaban su ejecución y no llegaban a cubrir el territorio de la provincia. El titular de Carreteras, Pablo Seguí, ha refrendado este giro en la política del área que dirige, basado en priorizar la seguridad y la accesibilidad, ya que “actuamos en toda la provincia con muchas actuaciones en lugar de obras faraónicas”.
En conjunto, la Diputación de Valencia ha destinado en 2016 más de 26 millones de euros a mejoras en la señalización, el mantenimiento y la eliminación de puntos negros en las carreteras valencianas, al objeto de dar una “respuesta inmediata” al incremento de accidentes en la red viaria provincial que reflejan los datos de la DGT.
Según el organismo estatal, en 2015 se produjeron 348 accidentes en los 1.800 kilómetros de carreteras que gestiona la Diputación de Valencia. Por este motivo, los responsables provinciales en materia de Carreteras han decidido fijar como su principal prioridad la ejecución de acciones de prevención para reducir esas cifras.
