El presidente de la Diputación y la alcaldesa de la Pobla Llarga, Neus Garrigues, han firmado este miércoles el convenio para la financiación de las obras de acceso al municipio y el polígono
La actuación, que ascendía a 166.410,62 euros, fue aprobada y ejecutada en 2008, aunque nunca se transfirieron los fondos para su pago
14/09/2016El presidente de la Diputación de Valencia, Jorge Rodríguez, y la alcaldesa de la Pobla Llarga, Neus Garrigues, han firmado este miércoles un convenio para financiar las obras de adecuación del acceso al núcleo urbano y la construcción de la rotonda de conexión con el polígono, pendiente desde hace ocho años. Los sucesivos retrasos en la firma del acuerdo, que no evitaron la ejecución de la obra, derivaron en impagos a la empresa constructora y en una condena judicial que ha desajustado las cuentas del actual gobierno municipal.
En palabras del presidente Jorge Rodríguez, “la Diputación no ha hecho más que cumplir con lo que en su día no se rubricó y que debería estar resuelto y pagado”. “Desde que la alcaldesa nos trasladó el problema tratamos de darle la máxima prioridad para que la Pobla Llarga reciba un dinero que le corresponde y que ha generado un importante quebranto a sus cuentas”, ha añadido el presidente.
Según el proyecto presentado en septiembre de 2008 por el Ayuntamiento de La Pobla Llarga, el coste de la actuación ascendía a 166.410,12 euros, un importe que la Diputación de Valencia acordó asumir íntegramente para posibilitar que la obra se llevara a cabo. Así se le comunicó al consistorio en noviembre de ese mismo año, fecha en la cual se inició la redacción del convenio que debería formalizar la participación económica de la institución provincial en dicha obra. En aquel momento, y pese a carecer del convenio firmado, el equipo de gobierno de ese momento, presidido por Rafael Soler, llevó a cabo la licitación y posterior ejecución del proyecto.
La ejecución de las obras, sin el respaldo de un convenio que las financiara, provocó que el ayuntamiento no pudiera pagar a las empresas constructoras y que los tribunales lo acabaran condenando al pago tanto del presupuesto acordado como de los intereses devengados, que ascienden a más de 30.000 euros. Esta condena judicial fue uno de los primeros asuntos que tuvo que afrontar la nueva corporación municipal.
“Desde que accedimos al ayuntamiento, en junio del año pasado, hemos tratado de solucionar este tema, que es uno de los que nos ahoga económicamente”, ha asegurado la nueva alcaldesa de la Pobla Llarga, Neus Garrigues, que ha destacado la celeridad con la que el gobierno de la nueva Diputación de Valencia ha resuelto un incumplimiento que se venía arrastrando desde 2008.
Por su parte, el diputado de Carreteras, Pablo Seguí, ha explicado que el texto del convenio inicial se fue modificando cada vez que las obras cambiaban de estado y pasaban de la licitación a la ejecución y posteriormente a la entrega, pero nunca se llegó a firmar. “El caso es una prueba más de cómo se gestionaba tanto la Corporación provincial como el Ayuntamiento de la Pobla Llarga”, ha lamentado Seguí.
Fue la actual alcaldesa de la Pobla Llarga, Neus Garrigues, quien, una vez constituida la nueva Diputación hace un año, asumió la reivindicación de su ayuntamiento y trasladó los hechos al presidente Jorge Rodríguez, que a partir de entonces impulsó los trámites para desbloquear la situación y que la Diputación de Valencia pudiera finalmente cumplir un convenio acordado hace 8 años.
Para ello ha sido necesaria la redacción y aprobación de un nuevo acuerdo, que es el que hoy, una vez tramitado, tanto el presidente como la alcaldesa han formalizado con su firma en un acto público, al que ha asistido también el Diputado de Carreteras, Pablo Seguí, y el equipo de gobierno de la Pobla Llarga.
Jorge Rodríguez ha aprovechado su visita al municipio de la Ribera Alta para conocer los detalles de la rehabilitación del local multiusos de la Pobla Llarga, adecuado con el dinero del Plan de Inversiones Financieramente Sostenibles (PIFS) de la Diputación. Esta actuación ha contado con un presupuesto de 146.000 euros, la mayor parte de la dotación del PIFS, que también ha servido para realizar mejoras en la red de agua potable.